miércoles, 15 de abril de 2015

Nuevo índice de referencia en los contratos de arrendamiento


Desde el 1 de abril está en vigor la Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española, que introduce novedades en cuanto a los índices aplicables en rentas y otros servicios.

En cuanto al régimen aplicable al sector público, en el ámbito de la contratación pública, la nueva ley deroga cualquier vinculación directa al IPC en los precios y servicios regulados o prestados por las Administraciones públicas, de tal modo que a partir de ahora, nada se actualizará  según el IPC,  y los aumentos de precios se deberán justificar exclusivamente por la evolución de los costes del servicio.

Excepcionalmente en los contratos de arrendamientos de inmuebles recogidos en la letra p) del apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 2/2011 de 14 de noviembre del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público, las partes podrán, previa justificación económica, incorporar un régimen de revisión periódica y predeterminada de la renta. En este caso sólo se podrá utilizar como índice de referencia para la revisión de la renta, la variación anual del índice de alquiler de oficinas a nivel autonómico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de cada revisión reciente  tomando como trimestre de referencia el que corresponda al último índice que esté publicado en la fecha de revisión del contrato.

Respecto al régimen aplicable a la contratación privada, la Ley afecta a todos los contratos en los que se pacte el pago de un importe periódico y con la voluntad de las partes que dicho importe sea revisable, anualmente o en otros períodos. Afecta , por tanto, a los contratos de arrendamientos urbanos, arrendamientos rústicos, arrendamientos de servicios, compraventas...que sean firmados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Quedan excluidos los salarios, las pensiones de la Seguridad Social y los instrumentos financieros, pero están incluidos los relativos a la  luz , agua , gas etc...

En el supuesto de que los contratos no establezcan específicamente que las rentas serán revisadas anualmente, no se podrá aplicar la revisión. El artículo 7 de la Ley establece ahora de forma clara el requisito de que se pacte de forma expresa una revisión periódica. Ahora bien, aunque se establezca de forma expresa que se hará esta revisión, si no se indica cual será el índice de referencia en base al que se revisaran, éste ya no será con el IPC, sino que será a través de un índice que crea esta norma, denominado, Índice de Garantía de Competitividad (IGC) - elaborado según lo previsto en el anexo de la propia ley- ,  que  publicará el INE mensualment , tal y como hace con el IPC.
La misma ley ya especifica que si este índice es negativo, la revisión será de 0 y que dicha revisión tampoco podrá nunca superar el 2%. Este nuevo índice tendrá en cuenta el diferencial de inflación de España en la zona Euro.

A tal efecto, la Disposición final primera y segunda de la Ley, modifica el artículo 18 apartados 1 y 3 de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos, así como el artículo 13.2 de la Ley 49/2003 de 26 de noviembre de arrendamientos rústicos con el fin de adaptarlas  a las exigencias de la nueva norma. Estas modificaciones serán de aplicación a los contratos que se perfeccionen con posterioridad al 1 de abril de 2015.      

 Imágenes/Images: Tot-Hom, Igc

No hay comentarios:

Publicar un comentario